El ministro de Justicia dijo que el Estado también puede aportar dando muestra de que es "capaz de reconocer los derechos".

El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, manifestó que los procuradores del sector pueden contribuir a la paz social del país con el reconocimiento de derechos ciudadanos y la solución de conflictos sectoriales.

Agregó que la superación de las tensiones generadas en algunos sectores puede aportar a la solución de conflictos y dar así mayor estabilidad al país.

“Hemos convocado a un grupo de especialistas para identificar los procesos en los cuales el Estado pueda estar actuando de manera equivocada con el consiguiente perjuicio a la persona. La idea es reconocer los derechos y solucionar los conflictos”, sostuvo en declaraciornes que reproduce la agencia Andina.

Durante la inauguración de la conferencia denominada Funcionamiento del Sistema de Supervisión Internacional en el Sistema Interamericano, mencionó que el Estado ya tuvo una primera oportunidad para solucionar ese tipo de tensiones.

Mencionó que se trata del desembolso efectuado por el Estado para solucionar las demandas de un grupo de jubilados a la Oficina de Normalización Provisional (ONP).

“Dar una muestra de que el Estado es capaz de reconocer los derechos, también es importante”, subrayó.

En la conferencia realizada en el auditorio del Ministerio de Justicia, convocó la participación de los procuradores para que con sus ideas y experiencia ayuden a que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado se modernice, logre eficiencia y contribuya a lograr la paz social.

Tras precisar que el Estado tiene más de 260 mil procesos judiciales en todas sus instancias, Pastor refirió que con la entrada en vigencia del DL 1068 y su reglamento, se fortalece, unifica y moderniza la defensa jurídica del Estado a cargo de los procuradores públicos.

Asimismo, calificó como saludable novedad de la creación de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, encargada de defender al Estado ante instancias supranacionales, como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Su labor no solo debe estar articulada a las entidades públicas implicadas, sino también a las acciones pertinentes para que el Estado peruano cumpla con las decisiones de las instancias supranacionales”, afirmó.