El pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra el decreto legislativo 1064, referido al régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario.

Según la la acción presentada por la Defensoría del Pueblo, el decreto -publicado el 28 de junio de 2008- no respetaría los derechos a la identidad cultural, de propiedad de la tierra y de la consulta previa a los pueblos indígenas, previstos en la Carta Magna y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Según informa la agencia Andina, la resolución del TC que admite la acción de incontitucionalidad, dispone correr traslado de la demanda al Congreso de la República, de acuerdo en lo establecido en el inciso 2 del artículo 107 del Código Procesal Constitucional.

Tal como lo dispone este código, el Parlamento tiene 30 días de plazo para responder la demanda. Transcurrido este tiempo, con la contestación o sin ella, el TC fijará día y hora de la vista de la causa en audiencia pública.