Los trabajadores de Doe Run Perú plantearán al Gobierno que ponga en manos de los empleados y los acreedores el destino de la compañía minera, luego de que la minera paralizara esta semana toda la producción en su complejo metalúrgico y se puso al borde de la quiebra.

Doe Run Perú, el cuarto exportador de metales del país que opera la fundición y refinería de metales de La Oroya, enfrenta graves problemas financieros luego de que bancos cortaron un crédito vital para sus operaciones, en momentos en que la crisis mundial desplomó los precios de los metales.

Pero la firma logró en abril que algunos acreedores avalen créditos por 175 millones de dólares a cambio de que la matriz de la firma, el estadounidense Grupo Renco, capitalice una deuda de 156 millones de dólares en la filial peruana y ponga todas sus acciones a nombre del Estado en garantía para culminar en octubre un plan de limpieza ambiental.

“La situación está entrampada, si no hay solución que lo digan porque los trabajadores tampoco podemos esperar hasta octubre, de qué vamos a vivir”, dijo el líder de la federación minera, Luis Castillo, en conferencia de prensa.

“Hay una indiferencia total para resolver esto”, agregó.

Doe Run ha afirmado que necesita una extensión del plazo para concretar su plan ambiental (PAMA), mientras el Gobierno ha rechazado hasta ahora darle más tiempo.

Castillo dijo que se reunirá con el primer ministro, Yehude Simon, para pedirle que el Gobierno “defina claramente su posición” antes de acudir a Indecopi, entidad que resuelve procesos de insolvencia de empresas.

“Tenemos procesos judiciales en contra de Doe Run y la ex Centromín y que en realidad si la empresa va a Indecopi vamos a pedir ser acreedores porque la empresa nos adeuda y así llegar también a poder administrar la empresa”, dijo Castillo en declaraciones que consigna la agencia Reuters.

La firma debe cerca de 100 millones de dólares a sus proveedores mineros y además tiene pediente una inversión de 73 millones de dólares en el plan ambiental, en el que según Doe Run ya invirtió hasta ahora unos 307 millones de dólares.

El Gobierno, que ya otorgó antes a Doe Run extensiones para que cumpla el PAMA, ha afirmado que la crisis financiera de Doe Run debe resolverse entre privados.

Según Castillo, el Gobierno es también responsable de la incertidumbre que viven 3,500 trabajadores porque debió fiscalizar más la compañía.

“Le damos un plazo de cinco días el Gobierno para que resuelva esto, sino el martes los trabajadores y la población de La Oroya marcharán a Lima para exigir una solución”, dijo.

La crisis en Doe Run ha preocupado al Gobierno del presidente Alan García, pues se teme que el despido de los trabajadores afecte a otros 16.000 empleados indirectos de la minera y genere un problema social en esa región andina.