Los acreedores de la empresa tienen toda la voluntad de evitar su cierre por la crisis, según la productora Buenaventura.

La solución para salvar del colapso financiero a la minera Doe Run Perú debe pasar por el sector privado y no por un aval del Estado, afirmó Carlos Gálvez, gerente financiero de la productora de metales preciosos Buenaventura, uno de los acreedores de la empresa que ha paralizado casi todas sus operaciones.

Gálvez manifestó además que los acreedores que surten de mineral al complejo metalúrgico de Doe Run tienen toda la voluntad de evitar el cierre de la compañía, que se quedó sin créditos, hundida en millonarias deudas y compromisos de inversión de limpieza ambiental.

“El Gobierno no va a avalar ni tiene porqué avalar, es una locura. Nadie ha hablado de avalar. El Estado no va a avalar no tiene porqué avalar, lo último que puede hacer es avalar”, dijo Gálvez en conversación con Reuters.

A la pregunta de quien entonces podría avalar fondos para Doe Run, Gálvez afirmó: “los privados lo ofrecen. Si los privados lo ofrecen, el Estado qué tiene que hacer allí”.

EL Gobierno peruano ha afirmado que busca una solución a la crisis de Doe Run, una unidad del Grupo Renco, que tiene su sede en Estados Unidos. Según fuentes del mercado se evalúa un aval del Estado que garantice fondos para la compañía.

Doe Run afronta problemas en sus finanzas luego de que un sindicato de bancos suspendió un crédito de 75 millones de dólares, que estaba destinado a la compra de concentrados de minerales para su fundición y refinación en su complejo metalúrgico.

Sin los concentrados necesarios por falta de pago a sus proveedores mineros, a los que debe unos 100 millones de dólares, Doe Run paralizó hasta el 95 por ciento de sus operaciones de fundición y refinería de zinc, plomo y cobre.

VOLUNTAD DE AYUDA

A la pregunta si Doe Run aceptó o no el ofrecimiento de los privados, Gálvez afirmó: “No es tan simple, usted comprenderá que quien ofrece un aval lo ofrece bajo ciertas condiciones y hay que cumplir ciertas condiciones y eso toma su tiempo”.

Doe Run debe además ejecutar unos 73 millones de dólares en inversiones comprometidas con el Estado para completar en octubre su plan de limpieza ambiental. Según la firma, ya invirtió 307 millones de dólares en ese programa.

“Hay la mejor voluntad de los proveedores mineros para ayudar a que una fundición casi centenaria en el Perú, no se destruya, no hay forma de negarse a apoyar”, precisó Gálvez quien afirmó que los acreedores no han solicitado a las autoridades la insolvencia financiera de la empresa.

Según datos privados, unas 31 empresas mineras del centro del país abastecen de concentrados al complejo de Doe Run.

La deuda que Doe Run mantiene con Buenaventura “es un porcentaje menor de nuestras ventas y no es el único comprador de nuestros productos”, dijo Gálvez.

“Si la solución se sale de control, si la compañía Doe Run no hiciese un esfuerzo, sino se dieran las condiciones para que esto opere, entonces no nos quedaría más remedio que ir a una actitud más drástica”, agregó.

A la pregunta si podrían pedir la insolvencia de Doe Run, dijo: “podría ser, ese es el mecanismo que la ley contempla, pero eso es lo último que quisiéramos hacer”.

La minería es uno de los principales ejes de la economía de Perú. Las exportaciones mineras representan casi el 60% de todos los envíos del país.

Doe Run refina principalmente concentrados de cobre, zinc, plomo, oro y plata en su complejo metalúrgico ubicado en la región de Junín, unos 174 kilómetros al este de lima y opera la mina de cobre Cobriza, en la región andina de Huancavelica.

Gálvez afirmó que las operaciones del complejo metalúrgico de Doe Run son viables, pero que en primer lugar “tenemos que estar seguros que sus números demuestran su viabilidad”.

“La segunda es que haya un equipo gerencial capaz de hacer que esa operación, que en teoría es viable, lo sea. De eso tenemos también que estar seguros”.