El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que el Gobierno no tenía la obligación de someter el acuerdo a la aprobación del Congreso.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, ratificó que el acuerdo comercial con Chile cumplió con todos los procedimientos legales establecidos y recalcó que el Gobierno notificó, a tiempo oportuno, el texto del referido tratado a todas las bancadas del Congreso.

Explicó que el Gobierno no tenía la obligación de someter dicho acuerdo a la aprobación del Pleno del Parlamento porque se trataba de la extensión del Acuerdo de Complementación Económica, que ya había sido aprobado anteriormente por esa vía.

En ese sentido, indicó el Ejecutivo cumplió con notificar al Congreso las enmiendas al referido acuerdo comercial a la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, así como la vía de aprobación, directa, es decir, sin necesidad de pasar por la aprobación del pleno del Congreso.

“Este acuerdo se sometió a la Comisión de Relaciones Exteriores donde hay representación de todos los partidos políticos. Me llama la atención que en su momento, cuando se planteó que el tratado sea aprobado directamente, algunas bancadas no se opusieran a esa vía y ahora sí lo hagan”, declaró a la agencia Andina.

Refirió que si alguna bancadas hubiera planteado algunas objeciones al acuerdo o a la vía de aprobación, el Ejecutivo habría aceptado esos pedidos para ser sometidos a evaluación, no obstante, dijo que nadie se opuso en ese momento.

Además, precisó que el referido acuerdo de complementación está amparado en un acuerdo general, propio de dos países miembros de la Asociación Latinoamericana de integración (ALADI), que no necesitan pasar por la aprobación del pleno del Parlamento.

De otro lado, opinó que el referido acuerdo comercial, que entrará en vigencia el 1 de marzo, va ser beneficio para el Perú porque que todo el universo arancelario se va abrir a favor de las exportaciones peruanas a Chile.

En la víspera Partido Nacionalista Peruano (PNP) informó que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el Acuerdo de Libre Comercio suscrito con Chile por no ser sometido a la aprobación del Congreso de la República.