La ministra de Vivienda y Construcción, Nidia Vílchez, consideró que la falta de información provoca que diversos sectores critiquen al dictamen de ley que expropia y titula terrenos ocupados por informales, y garantizó que el Estado seguirá defendiendo el derecho a la propiedad.

“Por falta de información, muchos creen eso. He escuchado respetables sustentos y opiniones, pero veo que falta información. Con la promulgación garantizaremos el derecho a la propiedad y a quiénes beneficiará la norma”, declaró a la agencia Andina.

Según explicó, la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo, obtuvo el respaldo del 95% de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, y ahora solo resta la promulgación del presidente de la República, Alan García.

Agregó que la sustentación de la norma también dejó en claro que no tiene carácter inconstitucional porque responde a un principio de “interés social”, en conformidad con la Ley de Municipalidades.

“Hay que aclarar, primero, que la norma favorecerá a asentamientos humanos que por más de 10, 15 o 20 años, se encuentran dentro de un proceso judicial para otorgar la titularidad o propiedad de estos terrenos porque se encuentran en juicio entre dos o más personas”, dijo.

En segundo lugar, mencionó que en esos terrenos beneficiados hay familias asentadas durante años, que incluso poseen construcciones de material noble y hasta gozan de servicios públicos como agua potable, alcantarillado y luz eléctrica.

La ministra Vílchez refirió, en tercer lugar, que el dictamen contempla el pago de un justiprecio de los terrenos a los propietarios originales, antes de entregar los títulos a los actuales posesionarios del terreno en disputa.

Para ello, el texto pone cláusulas que le exigen al Ministerio de Economía y Finanzas presupuestar la partida correspondiente para el pago como máximo hasta el siguiente período presupuestal en que se establezca el justiprecio.

“Y cuarto, se garantizará un tratamiento serio por parte del Estado, que no promoverá invasiones nuevas porque estamos tomando una fecha límite al 31 de diciembre de 2004. Es decir, vamos a garantizar que no se promuevan nuevas invasiones porque haremos respetar el principio de autoridad”, subrayó.