Por cuarto mes crecen empresas vinculadas a conflictos

En julio eran 71 conflictos y en octubre alcanzaron los 90. Vea el informe de la Defensoría del Pueblo .

ALFREDO PRADO
aprado@diariogestion.com.pe

SANDRA ALVARADO
salvarado@diariogestion.com.pe

De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo existen 90 empresas vinculadas a algún tipo de conflicto social. Es decir, si se compara con el mes de setiembre, son seis más. Este es el cuarto mes consecutivo en que se eleva el número de compañías involucradas en problemas con la población.

El informe también revela que existen 55 compañías mineras en conflictos. En setiembre eran 54.

El problema es complejo si se tiene en cuenta que hay comprometidos US$ 51,495 millones en proyectos de inversión minera en 19 regiones (ver cuadro).

Problemas que se extienden
Mientras tanto, en Andahuaylas (Apurímac) la “tregua” de 15 días para que el Gobierno y los manifestantes arriben a una solución no entró en vigencia y las protestas y bloqueos continuaron (ver nota vinculada).

Junto a Apurímac, existen otras 19 regiones en las que se reparten los 93 conflictos sociales que involucran a 90 empresas (ver el mapa de la conflictividad).

Finalmente, el titular de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega, consideró que se debe buscar otras alternativas al canon y las regalías mineras.

Sostuvo que una opción podría ser convertir a las comunidades en socias de las empresas explotadoras y, de esa manera, acceder a la repartición de dividendos o utilidades.

Insisten con decreto
Apurímac está dividido. Si bien la Junta de Usuarios de Riego de Andahuaylas hizo un alto de 15 días al paro indefinido que acataban en contra de las concesiones mineras, otro sector de la población radicalizó sus medidas de reclamo, tanto que ayer impidió la feria alimentaria de la zona.

Un reporte de RPP informó que Guido Flores, vocero de este grupo radical, declaró que “su gente” desconoce el acuerdo del Gobierno con la Junta de Usuarios. “Nos han mecido con actas, algunas promesas y compromisos. Por eso ya no les creemos”, apuntó.

Precisamente, el alcalde de Andahuaylas, Óscar Rojas Palomino, insistió en que el Gobierno emita un decreto en que prohíba la minería en Apurímac.

Y, a diferencia del sábado, puso este documento como un punto determinante para acabar con la protesta.

Al ser consultado sobre lo que ocurriría si es que en ese tiempo no se consigue el decreto, Rojas Palomino afirmó: “Ahí sí vamos a tener muchos problemas”.

“El premier ha ratificado los acuerdos y se comprometió que en 15 días sacaría ese decreto supremo que erradique toda actividad minera”, señaló.

En busca de solución
Del total de conflictos activos (154), solo 78 se encuentran en proceso de diálogo. Además, se reportó una acción de violencia subversiva en Cusco.

ANÁLISIS – Julio Lira Segura, Director de Gestión

Entre las palabras y los hechos
Los conflictos sociales se han convertido en el principal problema de gobierno de Humala luego de sus primeros cien días. Hasta el momento la iniciativa ha correspondido a los grupos que se oponen a la explotación de los recursos naturales, principalmente a la minería.

La actual administración gubernamental ha tomado el camino del diálogo, pero en una suerte de marchas y contramarchas.

Mientras tanto, en la población se empieza a percibir con simpatía algunos de los reclamos, tal como muestra la última encuesta de Datum; señal que por cierto las compañías mineras deben tomar en cuenta y no dejar pasar por alto. En ese panorama, el Gobierno no muestra una política clara de cómo evitar que se detenga la inversión y al mismo tiempo atender las demandas de las zonas cercanas a los yacimientos.

Por el momento, el diálogo se usa ahora como arma de quienes quieren imponer una agenda antiminera, pero son muy reacios a sujetarse a compromisos, tal como exigen al Estado.

El presidente Humala ha dicho que los conflictos los ha heredado, lo cual es cierto, pero ya siendo mandatario su deber es enfrentarlos y por el momento, más allá de palabras, en los hechos no se atisban soluciones.

Descargue el informe de la Defensoría del Pueblo .

14/11/2011

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