¿Qué hacer para que Perú tenga procedimientos expeditivos para las edificaciones?

“El principal desafío para el Perú es que se cumplan las condiciones legales establecidas”, dijo Guido Valdivia de Capeco.

El reporte Doing Business 2017 del Banco Mundial revela un relativo estancamiento en la mejora de los trámites vinculados a la construcción en el Perú y que involucran temas como la obtención de energía, inscripción registral de propiedades y trámites para la edificación.

“Es alentador que el Perú ocupe los primeros lugares en la región respecto a los 3 indicadores que tienen una relación directa con el mercado inmobiliario. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que América Latina no es precisamente la región que más innovaciones desarrolla en el ámbito del incentivo a los negocios”, dijo Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Indicó que esto se refleja en la caída de la mayoría de países ocurrida en el último año tanto en el ranking global Doing Business como en el de los indicadores más vinculados a la actividad constructora.

“El Perú solo pudo mejorar en la inscripción de propiedades en el 2017”, mencionó.

En ese sentido, consideró “indispensable” tener en cuenta que los buenos resultados alcanzados por el Perú, como el plazo para el registro de propiedades o el costo de los trámites asociados a las obras de construcción, se refieren a las exigencias legalmente reconocidas y no a los plazos, costos y requisitos reales.

Por ello, manifestó que el principal desafío para el Perú es que se cumplan las condiciones legales establecidas.

“En el caso de la inscripción de propiedades, es necesario reducir los márgenes de discrecionalidad que se irrogan los registradores públicos, generando incertidumbre y falta de predictibilidad en los trámites”, detalló.

En cuanto a la obtención de factibilidades de energía, señaló que es necesario hacer esfuerzos para cumplir con los plazos, especialmente en las ciudades del interior.

Valdivia refirió que en el caso de las licencias de habilitación urbana y edificación, es necesario modificar la Ley de Regulación de Habilitación Urbana y de Edificación, con el propósito de restituir al Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) la responsabilidad de selecciones, capacitar y fiscalizar la labor de los revisores urbanos.

“El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) deberá otorgar recursos a los colegios profesionales para poner en marcha los procesos de selección y capacitación, tanto de revisores urbanos como de inspectores municipales de obras”, enfatizó.

También enfatizó que es indispensable el establecimiento de un mecanismo de coordinación y compatibilización de las normas técnicas y administrativas de las entidades no municipales que participan en los procedimientos que rigen las habilitaciones urbanas y las edificaciones.

Entre esas entidades figuran los Registros Públicos, las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Ministerio de Cultura, principalmente.

“Este mecanismo deberá estar a cargo del MVCS, que además deberá verificar el cumplimiento de los procedimientos por parte de estas entidades y de las municipalidades, desarrollando acciones de difusión, capacitación e incentivo, pero también tramitando denuncias ante el Indecopi contra aquellas entidades que impongan barreras burocráticas en estos procedimientos”, subrayó.

Por todo ello, el representante de Capeco mencionó que queda un largo camino por recorrer al Perú para contar con procedimientos administrativos expeditivos, predecibles, económicos y que promuevan la calidad y la seguridad de las edificaciones y urbanizaciones.

“Éste es uno de los cuellos de botella que deben superar para promover la oferta formal de viviendas y equipamientos urbanos. Junto con ello, es necesario impulsar la provisión de suelo, el otorgamiento de factibilidades de servicios, la sostenibilidad de los programas de crédito y subsidio para viviendas sociales y el aseguramiento de la seguridad jurídica, personal y de los procesos productivos en la actividad constructora”, puntualizó Valdivia.

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