Javier Portocarrero Maisch (*)

La respuesta de Hugo Chávez al "sea usted varón" de Álvaro Uribe en la última cumbre de Cancún nos retrotrae al viejo dilema democracia versus dictadura. Los dos mandatarios están en las antípodas en cuanto a modelo económico y alineamiento frente a Washington, pero comparten una misma vocación por concentrar todo el poder. En sus mentes resuena un supuesto "llamado" de la nación para cumplir un fin, una misión, que justifica el uso de medios autoritarios.

No importa que la misión sea la "revolución del siglo XXI" o la derrota de las FARC, lo relevante es que solo ellos pueden llevarla a cabo. Con el ejercicio prolongado del poder, los caudillos autoritarios van transitando del egocentrismo a la megalomanía. Felizmente, en el caso colombiano, la Corte Constitucional ha bloqueado el camino al referéndum para aprobar la re reelección.

En el Occidente desarrollado la democracia está consolidada con base en instituciones de aceptación general: elecciones libres, partidos estables, sistema de pesos y contrapesos, libertad de expresión, transparencia, rendición de cuentas y alternancia en el poder. La democracia requiere de ciudadanía y cohesión social. Mientras más desarrollado sea un país y más numerosa su clase media, mayor será la probabilidad de una democracia estable. A la inversa, cuando priman la pobreza y la polarización, la democracia tiende a ser precaria y los dictadores andan al acecho. El Perú es un país de renta media en proceso de crecimiento y democratización. En la primera mitad del siglo XX nos debatíamos entre la dictadura militar y la democracia restringida. En 1955 se permitió el voto femenino, en 1963 el sufragio para elegir alcaldes y en 1979 el voto de los analfabetos. Hoy en día el rostro del Perú ha cambiado por las migraciones, la urbanización y la extensión de la educación. El pongo de los latifundios andinos ha cedido lugar al poblador urbano marginal con secundaria completa.

Así, hoy enfrentamos varios retos para consolidar una democracia sostenible que funcione en beneficio del ciudadano. El más inmediato es atacar la fragmentación política, lo que significa introducir leyes que fuercen la existencia de pocos partidos de naturaleza programática y con democracia interna.

A la vez debemos mejorar la capacidad de gestión pública. Sobre todo para prevenir y manejar conflictos, sean estos territoriales o sociales. Asimismo tenemos que liquidar la pobreza extrema, pues el hambre o la desnutrición son éticamente inaceptables y constituyen caldos de cultivo para el extremismo.

(*): Economista CIES, opinión personal.