Es indudable el progreso económico del Perú en los últimos años. No obstante, se mantiene la preocupación sobre la sostenibilidad política de este progreso y la incertidumbre de lo que podría suceder en las próximas elecciones generales. La última encuesta anual publicada por el Grupo de Opinión Pública de Universidad de Lima, sobre la confianza en las instituciones de gobierno, llevada a cabo en Lima y Callao los días 21 y 22 de noviembre pasado, es preocupante por los bajos niveles de confianza que obtienen el Congreso con 11.2%, el Poder Judicial con 18.4% y el Poder Ejecutivo con 22%. Nos atreveríamos a pensar que el resultado podría ser incluso peor en provincias.

¿Qué está pasando? Encuentro una consecuencia directa entre algunas decisiones del Estado y la percepción de la población respecto a su desempeño, que pone en riesgo los fundamentos mismos del Estado de Derecho. Como sabemos, la Constitución Política establece los límites al poder público, no obstante constatamos abusos al poder que la profusa normativa no logra prevenir y que el Poder Judicial no logra resolver. Es muy frustrante comprobar que la administración pública no sirva para legitimar el sistema democrático sino, todo lo contrario, propicie en la población la convicción de que únicamente a través de medidas de fuerza su voz será escuchada.

Esta reflexión me surge en torno al despropósito de diversas instancias de gobierno de autorizar a la empresa Santa Sofía Puertos, del Grupo Romero, el uso de áreas acuáticas en la bahía de Ancón para realizar los estudios para la construcción de un puerto que acabará con el ecosistema y la natural vocación recreativa y deportiva de esa hermosa bahía. La empresa anuncia que pronto se iniciarán las obras, y al ser cuestionadas las autoridades competentes un discreto pero consistente discurso de que "la orden viene de arriba" parece justificar el avance de un trámite sin precedentes ante la Autoridad Portuaria Nacional con el silencio cómplice de muchos.

El Estado, obligado a promover el uso sostenible de sus recursos naturales de acuerdo al mandato constitucional, ha creado el Ministerio del Ambiente, generando una contradicción entre el discurso en pro de la protección del medio ambiente y las acciones concretas en torno a la autorización para la construcción de un puerto en Ancón que será devastador para la bahía, a pesar de existir muchas otras alternativas para la ubicación de ese puerto en la extensa costa de nuestro litoral.

La población se ha manifestado claramente en contra del proyecto en los diversos talleres participativos y en las urnas, revocando al alcalde Guillermo Pozo García por apoyar la construcción del puerto en Ancón. La ciudadanía exige la afirmación de los intereses de todos sobre los intereses particulares. El sistema político debe ser legitimado por los propios gobernantes y por la administración, no sigamos sembrando vientos para no tener que sufrir luego tempestades.

(*): Ex viceministra de Justicia.