Los conflictos políticos y sociales que se están produciendo han sido prevenibles en su mayoría. Sin embargo, el Gobierno no ha sido capaz de detectarlos a tiempo y buscar soluciones antes de que revienten. Los reclamos son un reflejo de que una parte importante de la población siente que el sector público no está presente en sus vidas, por lo cual demandan por la única vía que les obtiene resultados: la protesta visible que atraiga a los medios de difusión masiva.

Hay los que aprovechan de estas circunstancias para llevar agua a su molino, tanto peruanos que nunca han podido lograr una destacada posición en el mundo político democrático como los ególatras latinoamericanos. Estos están dispuestos a usar cualquier medio para convencer a la población que ellos sí responderán a sus demandas, para luego que estén en el poder usufructuarlo para su propios intereses. Ello, obviamente, pasa por la autoperpetuación en el poder, como demuestran las cuasi dictadoras renacidas en la región.

La verdad es que la gestión del Ejecutivo deja mucho que desear. Como ha demostrado en múltiples oportunidades, no logra consolidar una política social que llegue a los más pobres. Este problema se concentra en algunas zonas geográficas, como la sierra alta y la selva no urbana, donde no llegan ni los servicios básicos mínimos, o si llegan son de pésima calidad. Lo peor es que muchos de los pobladores ven cómo mejoran los "otros", y se sienten con derecho a lo mismo.

Hay que admitir que trabajar en zonas como las descritas es muy difícil, más aun cuando no existe motivación alguna para actuar positivamente. El caso de los maestros es uno, el de los servidores de salud es otro, ni hablar de los custodios del orden, tan vilipendiados en los últimos tiempos.

También hay otros casos visibles que requieren de una acción preventiva. Tenemos múltiples ejemplos. Los inviernos crudos afectan a los pastores de auquénidos en la sierra; por qué no se puso en marcha un programa de cobertores para contrarrestar la intemperie. El tema de la minera Doe Run afecta al sector minero y el acceso al mercado de toda una zona geográfica del centro cuya interconexión es clave para el abastecimiento de Lima. Dónde está el programa de limpieza de cauces de ríos por si viene un nuevo Niño. Quién está viendo cómo manejar temas de sequía en valles cruciales de la costa. Por qué no se acelera de verdad el gasto fiscal regional y local. Dónde está la acción del Estado en la gestión ambiental de la minería informal que destruye a la agricultura del valle río abajo. Algo se está haciendo para las mypes afectadas por el cierre de acceso al mercado externo y la reducción del crecimiento de la demanda interna, pero ello mucho más en zonas urbanas que rurales, donde radica la pobreza.

Diversos trabajos han demostrado que es posible actuar en forma preventiva. Para ello hay que empezar por el principio. Aceptar que existen muchas demandas sociales en el país y que tiene que haber una "ventana" efectiva que se pueda tocar para lograr la consideración de una propuesta constructiva. Esto debería ser la responsabilidad de oficina del primer ministro, o sino un verdadero Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, estas entidades tienden a ser eminentemente reactivas a un fuego ya prendido. En parte es por falta de recursos, pero también hay una deficiencia de liderazgo. Lamentablemente, la PCM ha vuelto a caer en la trampa de ser una entidad que atiende innumerables temas y no logra hacer una efectiva labor de liderazgo y coordinación interinstitucional repartiendo responsabilidades y viendo que se cumplan medidas específicas. La dicotomía entre un presidente del país y un supuesto presidente del Consejo de Ministros sigue presente.

Todo ello nos trae de regreso a un tema crucial. Se requiere una verdadera reforma del Ejecutivo que le permita ser un gestor eficiente de la acción pública, y no una burocracia impedida de actuar por innumerables frenos reales e imaginarios. Ello complicado por los que se creen los grandes dueños de la verdad y controladores de todo. Lamentablemente parece demasiado tarde para que la presente administración acometa este tema en profundidad. En todo caso, sería bueno que las fuerzas políticas empiecen a considerar cómo llevarla a cabo y que se centre el debate público en cómo logar que el siguiente responsable de liderar el país esté en condiciones de contar con un aparato público que funcione, y no una carcocha pública que no pasaría ni una simple revisión técnica.

(*): Consultor.