La presidenta de Chile decidió no tomar la salida que el jefe de Estado peruano le ofreció al pronunciarse sobre el caso de espionaje.

Alan García fue muy enérgico en sus expresiones, pero en todo momento trató de eximir de responsabilidad a Michelle Bachelet y a su gobierno, dando a entender que podría tratarse de un asunto de mandos militares o de servicios de inteligencia que, en la mayoría de países, tienen vida propia, con sus propias agendas.

Si la jefa de Estado mapocha hubiera querido salvar la situación y no hacer más grande el problema, debió coger la rama ofrecida y señalar que su administración no conocía del hecho, pero, a su vez, anunciar una severa investigación para hallar a los responsables y castigarlos. Lejos de eso, prefirió la posición más cerrada, más radical: negarlo todo y criticar al Gobierno peruano.

Lo que viene en adelante no será fácil, porque Chile no va a retroceder. Volver atrás, con las pruebas enviadas por el Perú sobre el escritorio, y admitir que existían razones para dudar y, por tanto, para acoger la justificada indignación peruana, le acarreará un alto costo político que estamos seguros el Gobierno de la Concertación no querrá pagar a tan pocos días de la elección presidencial en ese país. Pero mantener una posición intransigente, con pruebas en la mano, y con la participación de la Interpol puede dejar en muy mala posición a Bachelet, quien de forma poco inteligente –habiendo sido Ministra de Defensa y conociendo las intenciones, actitudes y conductas de los militares– no ha dejado ninguna ventana abierta para salvar la situación.

En el lado peruano, Alan García ha tomado nota del rechazo de su homóloga, y seguramente mantendrá una posición y un discurso distanciado de las buenas formas que inauguraron su administración. Cualquier paso atrás va a ser una muy mala señal tanto en el país, como para los chilenos que pueden confundirla con debilidad.

No hay más lugar para "las cuerdas separadas" ni para la "relación inteligente". Todo ello terminó, por lo menos mientras se resuelva el contencioso en la Corte Internacional de La Haya. Deben mantenerse las relaciones diplomáticas, y obviamente las comerciales, pero no sería mala idea pensar en retirar a nuestro embajador en Santiago mientras Chile persista en su negativa a investigar y reconocer que el espionaje existió, en el nivel que fuera.

Pero además, ¿por qué no enviar al Congreso, vía el Tribunal Constitucional, el Acuerdo Comercial con Chile para su ratificación? Cuando el Perú anunció la presentación de su demanda ante La Haya, el gobierno de Michelle Bachelet le quitó la etiqueta de prioritaria a la ratificación del Acuerdo Comercial, la congeló en el Congreso y dijo públicamente que se trataba de una expresión de desagrado. Es obvio que nada va a cambiar en lo económico, pero nos pondremos los pantalones largos y hablaremos en voz alta.

(*): Periodista.