Lo de Allison no es un hecho aislado
La ciudadanía tiene la percepción de que la corrupción está aumentando en el Perú, no solo porque cada día descubre que funcionarios de todo nivel utilizan el puesto en provecho propio, al recibir cohechos y otras acciones venales, sino porque observa, con impotencia y amargura, que la justicia es poco y nada severa con quienes se colocan al margen de la ley, pese a haberse comprometido a cumplirla.
Esto le hace mucho daño a la democracia y a los planes para encaminar al país hacia el desarrollo, porque se comienza a tener la sensación de que todos, en cualquiera de los estamentos del Estado, son corruptos por igual.
Y es que se observa que ni los policías que reciben sobornos ni los funcionarios que arreglan comisiones para otorgar licitaciones ni los congresistas que recortan el sueldo de sus empleados o colocan a sus amantes de secretarias son juzgados y colocados tras las rejas, si se comprueba su culpabilidad.
Es el mismo caso de los parlamentarios, curiosamente del partido de gobierno, que mantienen o mantuvieron extrañas relaciones con la Universidad Alas Peruanas, entre ellos el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, simplemente porque no han querido separar sus asuntos personales del desarrollo de las funciones públicas.
La ley no les impide hacer negocios con empresas privadas, pero sí la conciencia ética, de la que carecen muchos en el Estado. No entendemos por qué testarudamente insisten en mostrarse como permanentes sospechosos.
A propósito, alguien (con autoridad, por favor) debería explicar que está pasando con el caso de los "petroaudios", y por qué el Poder Judicial y el Ministerio Público avanzan como si tuvieran pies de plomo.
Por todo lo anterior, creemos que el delito atribuido a Francis Allison no es un hecho aislado, sino una secuela de ilegales acciones atribuidas a personas que llegan a la administración pública merced a una pésima selección, que en el caso del ex ministro de Vivienda estuvo basada en las zalameras demostraciones al presidente de la República. Si ese es la forma en que se eligen ministros, nos preguntamos cómo se está haciendo para designar a los funcionarios de menor rango.
Esto le hace mucho daño a la democracia y a los planes para encaminar al país hacia el desarrollo, porque se comienza a tener la sensación de que todos, en cualquiera de los estamentos del Estado, son corruptos por igual.
Y es que se observa que ni los policías que reciben sobornos ni los funcionarios que arreglan comisiones para otorgar licitaciones ni los congresistas que recortan el sueldo de sus empleados o colocan a sus amantes de secretarias son juzgados y colocados tras las rejas, si se comprueba su culpabilidad.
Es el mismo caso de los parlamentarios, curiosamente del partido de gobierno, que mantienen o mantuvieron extrañas relaciones con la Universidad Alas Peruanas, entre ellos el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, simplemente porque no han querido separar sus asuntos personales del desarrollo de las funciones públicas.
La ley no les impide hacer negocios con empresas privadas, pero sí la conciencia ética, de la que carecen muchos en el Estado. No entendemos por qué testarudamente insisten en mostrarse como permanentes sospechosos.
A propósito, alguien (con autoridad, por favor) debería explicar que está pasando con el caso de los "petroaudios", y por qué el Poder Judicial y el Ministerio Público avanzan como si tuvieran pies de plomo.
Por todo lo anterior, creemos que el delito atribuido a Francis Allison no es un hecho aislado, sino una secuela de ilegales acciones atribuidas a personas que llegan a la administración pública merced a una pésima selección, que en el caso del ex ministro de Vivienda estuvo basada en las zalameras demostraciones al presidente de la República. Si ese es la forma en que se eligen ministros, nos preguntamos cómo se está haciendo para designar a los funcionarios de menor rango.
