Cuánto vale la legalidad
La condena de 25 años de prisión a Alberto Fujimori constituye uno de los hechos de mayor significado en la historia republicana del Perú, y el juicio al que ha sido sometido una demostración de que los peruanos podemos desenvolvernos en democracia.
El tribunal, presidido por el magistrado César San Martín, ha resuelto la responsabilidad penal del ex presidente de la República por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, porque pudo obrar con absoluta independencia y al amparo de la legalidad que otorga la Constitución del Estado.
Este debe ser un aviso a todos los peruanos, sobre todo a ese 37% que, según un sondeo de opinión de la Pontificia Universidad Católica, prefiere cualquier tipo de gobierno, incluso una dictadura, a un régimen democrático.
Debemos aprender la lección, y entender que los gobiernos que se desempeñan al margen de la legalidad son proclives a ejecutar actos delictivos, como los cometidos en la década de 1990.
En consecuencia, el fallo trasciende el ámbito personal, incluso el político partidario, pues el castigo impuesto es fruto de la neutralidad, y una mirada optimista y racional hacia el futuro, puesto que se ha impuesto la institucionalidad.
Lo importante, además, es que el país ha sabido responder a la altura del acontecimiento, ya que se ha comportado con la serenidad y el respeto que reclama el momento, a pesar de los llamados de los fujimoristas para reclamar en las calles la libertad del sentenciado.
Y esta respuesta se deriva porque se ha sabido discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y lo correcto es que Alberto Fujimori ha sido juzgado por cuatro delitos cometidos durante su gobierno, que no tienen ninguna relación con las acciones que emprendió para derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA o para devolverle la estabilidad económica que perdimos en el primer gobierno de Alan García (1985-1990).
Esperamos, pues, que esta institucionalidad no se vaya a romper por la irresponsable acción de políticos en busca de votos, o por componendas que se puedan hacer entre gallos y media noche.
El tribunal, presidido por el magistrado César San Martín, ha resuelto la responsabilidad penal del ex presidente de la República por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, porque pudo obrar con absoluta independencia y al amparo de la legalidad que otorga la Constitución del Estado.
Este debe ser un aviso a todos los peruanos, sobre todo a ese 37% que, según un sondeo de opinión de la Pontificia Universidad Católica, prefiere cualquier tipo de gobierno, incluso una dictadura, a un régimen democrático.
Debemos aprender la lección, y entender que los gobiernos que se desempeñan al margen de la legalidad son proclives a ejecutar actos delictivos, como los cometidos en la década de 1990.
En consecuencia, el fallo trasciende el ámbito personal, incluso el político partidario, pues el castigo impuesto es fruto de la neutralidad, y una mirada optimista y racional hacia el futuro, puesto que se ha impuesto la institucionalidad.
Lo importante, además, es que el país ha sabido responder a la altura del acontecimiento, ya que se ha comportado con la serenidad y el respeto que reclama el momento, a pesar de los llamados de los fujimoristas para reclamar en las calles la libertad del sentenciado.
Y esta respuesta se deriva porque se ha sabido discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y lo correcto es que Alberto Fujimori ha sido juzgado por cuatro delitos cometidos durante su gobierno, que no tienen ninguna relación con las acciones que emprendió para derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA o para devolverle la estabilidad económica que perdimos en el primer gobierno de Alan García (1985-1990).
Esperamos, pues, que esta institucionalidad no se vaya a romper por la irresponsable acción de políticos en busca de votos, o por componendas que se puedan hacer entre gallos y media noche.
