El costo de brindar salud para todos
Es destacable que el Gobierno continúe avanzando en ampliar la cobertura de los servicios de salud. Y con la puesta en marcha del aseguramiento universal en Lima y Callao, la semana pasada, se pondrá a prueba la capacidad del Ministerio de Salud (Minsa) para asumir con eficacia una de sus principales obligaciones y hacerlo de manera tal que revierta el desempeño que actualmente registra en ese campo.
Un punto que necesita ser reforzado, por ejemplo, es el control de afiliaciones al Seguro Integral de Salud (SIS), ya que registra un alto porcentaje de infiltrados, es decir, de personas que no reúnen los requisitos para beneficiarse con un programa orientado a la población de menores recursos. Si este problema continúa sin resolverse, el SIS se verá en serios aprietos para cubrir a los nuevos usuarios que tendrá en la capital, particularmente teniendo en cuenta sus limitaciones presupuestales.
Este es precisamente el principal riesgo del SIS –y del Minsa en general–, ya que los montos que tiene disponibles no son suficientes, ni siquiera para su carga actual de asegurados. La asignación de recursos no ha estado en proporción con la incorporación de nuevos afiliados, lo que habría generado que el monto por asegurado se reduzca de S/. 50 a S/. 30. Como es comprensible, este círculo vicioso incluye una deuda que ya bordea los S/. 170 millones y que probablemente continuará incrementándose.
Un tercer factor que no parece haber sido tomado en cuenta es la calidad del servicio. El hecho de que se trate de un programa orientado a los pobres no significa que el trato sea displicente ni que las condiciones bajo las que los pacientes son atendidos, especialmente en provincias, exhiban una diferencia tan abismal comparadas con las brindadas por los establecimientos privados. Se estima que el SIS necesita alrededor de S/. 2,700 millones al año para funcionar adecuadamente, pero su presupuesto anual es apenas el 17% de esa cantidad.
El Estado tiene la obligación de hacer un análisis costo-beneficio (y también focalizar mejor), a fin de mejorar ostensiblemente un sistema que si se mantiene como hasta ahora, podría colapsar. Si bien existen restricciones de presupuesto, habrá que evaluar la eficacia que tendría una reasignación de recursos.
Un punto que necesita ser reforzado, por ejemplo, es el control de afiliaciones al Seguro Integral de Salud (SIS), ya que registra un alto porcentaje de infiltrados, es decir, de personas que no reúnen los requisitos para beneficiarse con un programa orientado a la población de menores recursos. Si este problema continúa sin resolverse, el SIS se verá en serios aprietos para cubrir a los nuevos usuarios que tendrá en la capital, particularmente teniendo en cuenta sus limitaciones presupuestales.
Este es precisamente el principal riesgo del SIS –y del Minsa en general–, ya que los montos que tiene disponibles no son suficientes, ni siquiera para su carga actual de asegurados. La asignación de recursos no ha estado en proporción con la incorporación de nuevos afiliados, lo que habría generado que el monto por asegurado se reduzca de S/. 50 a S/. 30. Como es comprensible, este círculo vicioso incluye una deuda que ya bordea los S/. 170 millones y que probablemente continuará incrementándose.
Un tercer factor que no parece haber sido tomado en cuenta es la calidad del servicio. El hecho de que se trate de un programa orientado a los pobres no significa que el trato sea displicente ni que las condiciones bajo las que los pacientes son atendidos, especialmente en provincias, exhiban una diferencia tan abismal comparadas con las brindadas por los establecimientos privados. Se estima que el SIS necesita alrededor de S/. 2,700 millones al año para funcionar adecuadamente, pero su presupuesto anual es apenas el 17% de esa cantidad.
El Estado tiene la obligación de hacer un análisis costo-beneficio (y también focalizar mejor), a fin de mejorar ostensiblemente un sistema que si se mantiene como hasta ahora, podría colapsar. Si bien existen restricciones de presupuesto, habrá que evaluar la eficacia que tendría una reasignación de recursos.
