Pulgar Vidal: “Este gobierno no se irá sin dejar la Ventanilla Única funcionando”

El titular del Minam, Manuel Pulgar Vidal, aseguró que se va dejando la entidad de fiscalización más eficiente del Perú, el Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA).

El ministro Manuel Pulgar Vidal dijo estar muy orgulloso de su gestión, y destacó el trabajo en normatividad a lo largo de sus más de cuatro años al frente del sector.

¿La sanción a Petroperú por el derrame queda en la multa o debe asumir la remediación e indemnización a los damnificados?

El derrame ocurrido en la zona de Chiriaco es lamentable y rechazable, y en ese sentido el propio presidente de Petroperú reconoció que a ese ducto no se le hacía monitoreo hace 16 años, y en otro de los casos hace 12 años.

Hay que tener en cuenta por otro lado que en relación a un ducto como el de hidrocarburos hay tres autoridades que intervienen, y aquello que tiene que ver con seguridad y mantenimiento está a cargo de Osinergmin. Este organismo tiene un sistema de multas que es menor, la máxima es de 1,200 UIT, contra las 30,000 UIT que puede poner el OEFA. A su vez el tema de trabajo está a cargo de la Sunafil, y lo que OEFA hace es verificar el impacto.

El OEFA ha dictado dos medidas preventivas, una medida cautelar y ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador. Las preventivas han tenido que ver con obligar a Petroperú a que presente un cronograma de limpieza, y otro de mantenimiento. La medida cautelar es para que rehabilite en un máximo de tres meses el área afectada, y el procedimiento sancionador es por el accidente en sí.

En relación a esto último, el proceso estima, por la afectación a la vida, a la salud y reincidencia, que la multa que se le puede imponer a Petroperú ascendería aproximadamente a S/ 79 millones, que probablemente son unas 20,000 UIT, que sería una multa suficientemente disuasiva para que una situación de esta naturaleza no se repita.

OEFA estima que con los procedimientos que se deben seguir e implican descargos por parte de la empresa, debe dictarse una resolución en primera instancia en aproximadamente 45 días.

¿Cuál es la responsabilidad de la OEFA y del ministerio del Ambiente, no falló la prevención?

No, yo creo que la labor que está haciendo OEFA, que fiscaliza al 100% a sus administrados regularmente más de una vez al año, está dando resultado. En lo que corresponde al sector Ambiente, el trabajo de prevención es continuo.

Esto es un accidente, pero usted no se imagina la cantidad de veces que OEFA interviene preventivamente para verificar que no haya situaciones de este tipo. Yo me siento bastante orgulloso de lo que hemos logrado con OEFA.

Dejamos, y esto no tengo ninguna duda en decirlo, a la entidad de fiscalización más eficiente del Perú, fruto de una gestión que se ha concentrado en que la supervisión ambiental en el Perú camine. Lamentablemente no es así a nivel de los gobiernos regionales, entonces tenemos situaciones de autoridades que no están cumpliendo su tarea.

Cambiando de tema, ¿Cuándo empezaría a funcionar la Ventanilla Única?
Ya la ley se dictó y el reglamento se prepublicó, se concertó y el reglamento ya está terminado. Estoy absolutamente seguro de que no se cerrará este mandato sin que tengamos ya una Ventanilla Única funcionando que complementa el inicio de las actividades que está haciendo el Senace, que empezó el 28 de diciembre del 2015 a recibir los primeros EIA.

¿Y esos EIA y EIAd en cuánto tiempo se emitirán?
El Senace se creó el 2012, y por primera vez en la historia del Perú se estableció un mecanismo gradual de construcción de capacidades que pudiese hacerse cargo del mecanismo de fiscalización ambiental.

Entre 2012 y 2015 se construyó esa capacidad y el 28 de diciembre del 2015 el Senace recibió ya el encargo de aprobar los EIA, sus modificatorias o los instrumentos técnicos sustentatorios ITS del sector Energía y Minas. Sabemos que pronto se recibirán aquellos que corresponden a Transportes y Comunicaciones, lo que además va a llevar a acelerar el reglamento ambiental del MTC.

El Senace ha creado una plataforma virtual para los demás subsectores y su gran reto es mostrar eficiencia, y asumir la certificación ambiental global una vez que se dicte y emita el reglamento.

¿Diría usted que habrá una disminución sustancial de los plazos? Es decir ¿los proyectos de inversión minera o de hidrocarburos se aprobarán ahora más rápido? ¿Cuánto más rápido?

Sí, mucho, porque ocurría en estos procedimientos que en muchos de ellos esperaban a que el EIA estuviese aprobado para que recién se pudiese iniciar el siguiente procedimiento administrativo. Entonces, esa lógica sucesiva hacía que los plazos fueran bastante extensos. Ahora, estos 14 títulos habilitantes se van a ver dentro del mismo plazo.

Senace actúa como Ventanilla Única, no es que ellos van a hacer la revisión directa, sino que tienen que remitir la parte pertinente del expediente a la autoridad, pero sin que esto afecte al administrado, para que la autoridad le dé el visto bueno y con eso puedan aprobar el EIA y los 14 títulos.

Todo dentro del plazo de aprobación del EIA que es 150 días. Esto no altera la exigibilidad de la certificación ambiental ni la rigurosidad de la revisión, pero hace al Estado más eficiente para que los plazos se cumplan estrictamente.

Se ha criticado que la OEFA tiene mucha discrecionalidad para aplicar la normatividad ambiental, ¿qué nos puede decir?

No, en lo más mínimo, No solo no hay exceso de discrecionalidad sino que tiene todo su marco regulatorio al día, y a su vez ha establecido un sistema de incentivos. El OEFA aprobó lo que constituye el reglamento de derechos de los supervisados, para que ellos puedan establecer con claridad cuándo un supervisor está estableciendo una medida arbitraria o discrecional.

Hay que tener en cuenta que como cualquier entidad del Estado, establece reglas bien claras para que no haya arbitrariedad. Siempre puede darse el caso de algún supervisor que por equivocación quiere establecer arbitrariamente algún tipo de medida. Entonces no hay casos específicos de discrecionalidad y cuando ha habido alguna situación, la hemos corregido de inmediato.

En el caso del derrame, la primera entidad que hizo muestreos cuyos resultados serán presentados la próxima semana fue la OEFA, que hizo muestreos a los dos días del derrame, y que va a entrar nuevamente a la zona para hacer un muestreo más integral y un análisis comparativo, cómo estaba la calidad del agua, del suelo, antes del derrame y cómo está ahora.

¿Qué aspectos de la nueva normatividad representan candados contra casos de corrupción?
Hay que tener en cuenta que las situaciones vinculadas a corrupción no están contenidas en las normas específicas ambientales, están obviamente en las normas de gestión pública.

Nosotros no solo nos regimos por las normas de transparencia y control de corrupción generales, sino que tenemos nuestros propios procedimientos para controlar la corrupción y otros procedimientos administrativos en caso de que se pueda generar alguna arbitrarieda, y establecemos sanciones clarísimas.

Felizmente no existen en este ministerio acusaciones vinculadas a la corrupción, ni a falta de transparencia, cada vez que se nos solicita acceso a la información la proveemos, siempre que corresponda.

Usted mencionó en una entrevista anterior que luego vendría la implementación de la normatividad para los otros sectores productivos.¿Cuándo estará lista la primera y en qué sector?

Si uno se pone a ver a todos los sectores productivos, definitivamente Pesca es uno pendiente, y ahí estamos hablando también de límites máximos permisibles para pesca de consumo humano directo. Ese es un reglamento que se ha venido discutiendo, incluso hemos conversado con la gente de la SNI y SNP, es una norma pendiente.

Tenemos también otra norma sobre residuos sólidos que no es específica, falta aún sobre residuos industriales, hospitalarios, porque no solo son domésticos. Y ahí siempre hay ajustes que hacer. Hay todavía cosas que hacer porque la falta de predictibilidad hace que algunos productores no cumplan con sus obligaciones de velar por el producto, desde su elaboración hasta los residuos, pero ya se han formado empresas recicladoras.

Hemos dictado normas con el Minsa que están permitiendo el reciclaje de botellas. Yo creo y espero que podamos lograr en el consejo de ministros una iniciativa que podría ser interesante, que establece una regulación en relación a las bolsas de plástico y uso del tecnopor, creo que el Perú ya se merece una norma de este tipo.

¿Qué aspectos centrales contemplará la normatividad ambiental de la industria, uno de los sectores que más contamina y está incluso en zonas residenciales?
Ahí no solo es normativa, también planificación, creo que lo que viene haciendo el Produce en relación a los parque industriales es valioso, y la manera en que se ha planificado el de Ancón es ejemplar.

Pronto se va a hacer una presentación a los medios, en donde queda claro que este parque, ubicado en la zona ecológica del parque Antonio Raimondi, va a complementar zonas industriales con zonas de recreación, zonas de investigación e incluso eventualmente un puerto seco, y también zonas de vivienda. La idea de los parques industriales va a generar un descongestionamiento de zonas en donde la industria se quedó pegada a las zonas urbanas.

También los CITES son fundamentales, porque permiten que las actividades incluso de la pequeña y micro empresa puedan hacerse con prácticas adecuadas. El sector industria tiene alrededor de 40 subsectores y se han podido regular algunos, cerveza, papel, curtiembre, aparatos eléctricos y otros, pero quedan muchos que deben seguirse regulando.

Una crítica recurrente es que la nueva legislación ambiental ha trabado los proyectos de inversión, en particular los mineros…

Eso es una gran falacia, porque cuando uno mira, y por eso fui muy crítico con el informe del IPE que hablaba de un cálculo muy mal manejado de varios miles de millones de dólares creo que 27 mil, cuando uno veía ese informe sabía perfectamente que muchos de esos proyectos detenidos no eran por una razón ambiental.

Por ejemplo, hacía referencia a la empresa Santa Ana, cuando todos sabíamos que los problemas en esa zona se debían al arbitraje, al que se sometió al Estado por la cancelación del proyecto durante el gobierno pasado. Hablaba de Toquepala y su ampliación, cuando todos sabemos que fue detenido por motu proprio, de Quellaveco cuando la decisión fue de Angloamerican, etc. No hay proyectos detenidos por causa de la regulación ambiental, y eso es una realidad.

El Lote Z 38 se encuentra en fuerza mayor por pedido de la empresa, por una deuda tributaria y falta de equipamiento. Revisen expediente por expediente y verán que solo en 10% es por motivo ambiental. Lamentablemente se ha generado este lugar común, esta falacia de que los proyectos se detienen por causas ambientales. Es falso.

Otra crítica ha sido la laxitud de la normativa ambiental contra la actividad minera que más contamina, la minería informal e ilegal, e incluso la artesanal, bajo la justificación de que es un problema complejo que involucra un tema social. ¿Por qué no se ha sido más drástico en esto como sí con la minería formal?

Nadie puede hablar de laxitud con la pequeña minería, o artesanal o ilegal, nosotros hemos establecido reglas orientadas a la formalización. Estas han dado resultados, y sabemos que en Madre de Dios esto no está funcionando porque lamentablemente no tenemos ninguna voluntad del gobierno regional, que tiene a cargo los procedimientos para avanzar en este proceso.

Somos conscientes también de la invasión de mineros ilegales en la zona de La Pampa, o camino a la reserva Tambopata-Candamo, por eso se va a instalar, espero que en muy corto plazo, una base militar en la zona.

Vamos a hacer interdicción desde el lugar no solo para retirar de la reserva a los que están tratando de ingresar, sino también a los de la zona de La Pampa. Estamos siendo muy severos con este tipo de minería.

En ese sentido, quiero pedir a ciudadanos y medios que no dejen prosperar esta solicitud de declaratoria de interés nacional de una carretera que es ilegal, en la zona de amortiguamiento del Manu, y que sean muy drásticos para evitar que el proyecto de ley presentado por Amado Romero no prospere, porque está orientado a facilitar la minería ilegal en cualquier territorio del país. El esquema planteado por este gobierno en ese sentido es el correcto.

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