Un Tribunal de Nueva York aceptó la petición de una firma de abogados para seguir la demanda colectiva de accionistas basados en Estados Unidos contra la constructora peruana Graña y Montero, litigio iniciado en febrero del año pasado tras las primeras declaraciones efectuadas por Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, ante fiscales peruanos.
Aquella vez Jorge Barata señaló que Graña y Montero sí conocía los sobornos pagados al expresidente Alejandro Toledo por la adjudicación de los Tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, versión que representantes de la empresa habían negado ante una comisión del Congreso peruano.
De esta manera, el Tribunal del Distrito Federal Judicial Este de Nueva York de Estados Unidos ha aceptado la petición de incorporar y designar a Treasure Finance Holding Corp (TFHC) como representante de los demandantes (Lead Plaintiff) en el proceso de demanda civil colectiva (Securities Class Actions) contra Graña y Montero.
A su vez, se ha designado a Robbins Geller Rudman & Down LLP and Holzer & Holzer, LLC como representante legal de la firma TFHC (Lead Counsel), informó la empresa Graña y Montero en un hecho de importancia enviado a la SMV (ver aquí).
Graña y Montero no indicó las pretensiones ni los montos relacionados a la mencionada demanda, pero sí el cronograma de su defensa.
- El 4 de mayo del 2018 realizará la consolidación de los expedientes judiciales.
- El 3 de julio del 2018, Graña presentará la solicitud de sobreseimiento o desestimación de la demanda.
- El 4 de setiembre del 2018 se presenta la oposición a dicha solicitud de sobreseimiento o desestimación.
- El 3 de octubre del 2018 Graña y Montero presentará sus alegatos.
El año pasado, Graña y Montero anunció que había contratado a las firmas de abogados Symser, Kaplan & Veselka, LLP y Orihuela Abogados Attorneys at Law para su defensa y representación legal, con relación a la demanda civil interpuesta en las cortes federales de Estados Unidos.
Una primera demanda colectiva de accionistas, anunciada en febrero 2017, se basaba en que la constructora Graña y Montero habría “emitido información engañosa al mercado”.