Editorial: Lecciones aprendidas

Editorial de Gestión. “Ayer el ministro Tamayo, en la Comisión Lava Jato del Congreso, ha señalado que la subasta se hará con un nuevo contrato, con nuevas condiciones y “sin muletas”… Saludamos esta decisión”.

GASODUCTO DEL SUR. Desde que se licitó y adjudicó el proyecto del gasoducto del sur (el primero en el 2008 y el segundo en el 2014), este ha estado expuesto a diversos cuestionamientos, tanto por el proceso de licitación, como por la factibilidad económica y por el uso político que se hace del mismo. Siempre hemos considerado que un proyecto como este es un instrumento potente para impulsar el desarrollo del sur del país -tradicionalmente deprimido y con altos niveles de pobreza-, pero eso no significa (ni significaba) hacerlo de cualquier manera. Tiene que ser un proyecto factible desde su licitación, pasando por su evaluación económicofinanciera hasta la licencia social.

Justamente luego de la subasta en la que resultó ganador el consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), advertimos en nuestro editorial que el mayor perdedor había sido el Estado peruano (Gestión 03.07.2014). Consideramos en esa ocasión que lo más conveniente para el país era postergar ese proceso. Los acontecimientos posteriores nos han dado la razón. Más aún cuando desde antes y al día siguiente de proclamarse al ganador surgieron sospechas de irregularidades que hoy se investigan, luego que Odebrecht, la socia principal del proyecto, reconoció que pagaba sobornos.

Asimismo, más allá del costo del proyecto -la inversión estimada pasó de US$ 1,300 millones en el proyecto original bajo Kuntur a US$ 7,300 millones con el consorcio GSP-, que ya en sí mismo era cuestionable, lo que criticamos desde un principio es el cambio que significó el nuevo proyecto en lo que respecta al balance de riesgos entre el Estado y el consorcio ganador, así como el esquema de ingresos garantizados, que significaba el financiamiento de los peruanos a través de un cargo en los recibos de luz. Los argumentos en pro de dicho esquema nunca fueron satisfactorios. ¿Por qué pasar de un proyecto totalmente financiado por el privado a otro en el que era financiado en parte por los peruanos, cuando los beneficios del mismo para estos últimos no era nada claro?

Ahora que el segundo proyecto, liderado por el consorcio GSP ha quedado en nada, por incumplimiento del cierre financiero en el plazo que fue ampliado en más de una oportunidad, recién se ha hecho público que el contrato establecía ciertos “candados” a fin de que si se licitaba para pasar a otras manos, se tenía que hacer bajo el mismo contrato aprobado, lo cual resulta inaceptable. Consideramos que es una buena oportunidad para replantear el balance de riesgos Estado-privado, así como el financiamiento del mismo. Por ejemplo, ¿conviene o no al Perú que se siga bajo el esquema de ingresos garantizados? Desde que el 23 de enero último se puso fin al proyecto que lideraba Odebrecht, el Poder Ejecutivo ha mostrado una total falta de coordinación en lo que se refiere a la nueva licitación.

Así, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, considera que sería inaceptable licitar un nuevo contrato con las mismas cláusulas que el anterior. En el mismo sentido se ha expresado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien desea bajar el costo de la inversión en el ducto y asegurar los ramales del gasoducto a otras regiones del sur. Sin embargo, el criterio del ministro de Economía, Alfredo Thorne, es que la concesión sea licitada bajo las mismas condiciones que establece el contrato con el consorcio GSP.

Si este último fuera el camino elegido, el aporte de los usuarios eléctricos también se tendría que mantener, pues el ingreso garantizado (respaldado por el Cargo por Afianzamiento de Seguridad que se paga en el recibo de luz) es la columna vertebral del esquema que sustenta el actual contrato. Solo bajo estos supuestos, la nueva licitación podría darse en un periodo tan corto como los nueve meses a los que se ha referido el presidente Kuczynski. Sin embargo, ayer el ministro Tamayo, en la Comisión Lava Jato del Congreso, ha señalado que la subasta se hará con un nuevo contrato, con nuevas condiciones y “sin muletas”. En ese sentido, instó a que ProInversión sea mucho más cauteloso con el proceso que se dará. Saludamos esta decisión, pero como sabemos que el Gobierno actual se caracteriza por marchas y contramarchas, estaremos atentos a que la posición del titular del MEM refleje la de todo el Ejecutivo. El 65% de los peruanos considera que la concesión del gasoducto debe licitarse con diferentes condiciones, según la encuesta de Pulso Perú que hoy presentamos en esta edición.

Aun siendo conscientes de la necesidad que tiene la economía del país de sacar adelante los proyectos pendientes para recuperar el dinamismo del crecimiento, se requiere una evaluación completa que tome en cuenta las lecciones que han dejado los casos de Kuntur y el consorcio GSP, empezando por que no haya un solo postor en la subasta.

Hablar con claridad, exponiendo los pros y contras, siempre será mucho mejor que generar ilusiones, que luego no se puedan cumplir. Para eso, es primordial que al interior del Ejecutivo se tenga un solo discurso y se actúe en consecuencia con él.

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